Las últimas informaciones relacionadas con el presunto fraude fiscal en la cadena de clínicas Vitaldent y la detención de su cúpula, publicadas el 19 de febrero en Canarias7, señalan a un franquiciado en Canarias, detenido el pasado martes en el marco de la operación Topolino, y propietario de 16 de las 20 clínicas existentes: 6 en la provincia de Las Palmas –4 en Gran Canaria, las ubicadas en Triana, Siete Palmas, Tomás Miller y Telde; y una en Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente– y otras 10 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife –la totalidad de las 9 de Tenerife y una en La Palma.
Ante el anuncio de un posible cierre de clínicas en Canarias, tal y como se recoge que ha ocurrido en el caso de las 8 clínicas de Madrid pertenecientes al mismo investigado, y de reproducirse estos mismos hechos, podrían verse afectados un número considerable de dentistas y pacientes, así como a trabajadores y proveedores en la provincia de Las Palmas.
El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas (COELP) pone a disposición de pacientes y dentistas su Servicio de Defensa e Información del Paciente Odontológico (SIDEPO), un organismo especializado en información al paciente odontológico, y en la mediación y conciliación de las reclamaciones entre pacientes odontológicos y dentistas colegiados o sus sociedades profesionales cuando estén adscritas al COELP.
Su presidente, José Manuel Navarro Martínez, señala que “Hace escasos días desde el Colegio alertábamos de la posibilidad de que la oleada de cierres de clínicas dentales se reprodujera en nuestro territorio no tardando mucho, dado el incremento de reclamaciones presentadas en nuestro Colegio, e instábamos al Gobierno a regular aspectos determinantes que están afectando seriamente al sector de la Odontología y a la salud de los pacientes. Apenas unos días más tarde, ya nos encontramos en puertas del temido escenario”.
Desde hace varios años, el COELP viene exigiendo la regulación de cuestiones fundamentales para el sector (entre ellas la publicidad engañosa), y la protección de los pacientes. José Manuel Navarro Martínez señala que “Seguimos solicitando la colaboración de los organismos públicos para la regulación de la publicidad sanitaria, de unas condiciones dignas de trabajo de los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en estas clínicas, y en materia de reclamaciones de los pacientes” Y añade: “También pedimos que sea obligatorio el que las sociedades de cadenas dentales se sometan a los servicios de mediación y conciliación que están obligados a prestar los colegios profesionales para dirimir las quejas de pacientes con respecto a la actividad de colegiados o sus sociedades profesionales, así como a la potestad sancionadora”.
El COELP recuerda que las sociedades de cadenas dentales no estén sometidas a los servicios de mediación y conciliación que obligatoriamente tienen que tener los colegios profesionales para atender las reclamaciones de los pacientes con respecto a dentistas o sus sociedades profesionales, ni a su potestad sancionadora a pesar de realizar la misma actividad profesional.
En un reciente comunicado el COELP señalaba que el 59% de las reclamaciones recibidas en 2015 estaban asociadas a una mala praxis y el 16% a consumo, es decir, a problemas derivados de la financiación de tratamientos inconclusos.
“Sentimos que nuestras advertencias hayan sido desoídas por los organismos responsables en materia de consumo y que este tipo de sociedades no estén adscritas a los servicios de mediación y conciliación del Colegio ante las reclamaciones de pacientes, tal y como estamos obligados los colegios profesionales, lo cuál resulta un claro contrasentido. Ante la situación creada, ponemos a disposición de pacientes y dentistas nuestro Servicio de Defensa e Información del Paciente Odontológico desde el que se les atenderá convenientemente”.
“Sentimos que nuestras advertencias hayan sido desoídas por los organismos responsables en materia de consumo y que este tipo de sociedades no estén adscritas a los servicios de mediación y conciliación del Colegio ante las reclamaciones de pacientes, tal y como estamos obligados los colegios profesionales, lo cuál resulta un claro contrasentido. Ante la situación creada, ponemos a disposición de pacientes y dentistas nuestro Servicio de Defensa e Información del Paciente Odontológico desde el que se les atenderá convenientemente”.